Mediante el acuerdo firmado con Libia, se delimita una parte de las fronteras occidentales de nuestras zonas de jurisdicción marítima en el Mediterráneo oriental. El acuerdo se ajusta a las decisiones de los tribunales que crean la jurisprudencia internacional y el derecho internacional, incluidos los artículos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Todas las partes son conscientes, en esencia, de que las islas no pueden tener un efecto de corte en la proyección costera de Turquía, el país con la línea costera continental más larga del Mediterráneo oriental, de que las islas que se encuentran en el lado opuesto de la línea mediana entre dos países continentales no pueden crear zonas de jurisdicción marítima más allá de sus aguas territoriales y de que la longitud y la dirección de las costas deben tenerse en cuenta a la hora de delimitar las zonas de jurisdicción marítima. De hecho, antes de la firma de dicho acuerdo, Turquía ha invitado repetidamente a todas las partes a las negociaciones para lograr un consenso basado en la equidad y sigue estando preparada para las negociaciones. Sin embargo, en lugar de entablar negociaciones en respuesta al derecho internacional y al enfoque basado en la equidad de Turquía, las partes sólo prefirieron adoptar medidas unilaterales e intentar culpar a Turquía. Las reivindicaciones maximalistas e intransigentes de los grecochipriotas y grecochipriotas subyacen a este entendimiento, mientras que, por ejemplo, se supone que Kastellorizo, una pequeña isla que se extiende inmediatamente a lo largo del territorio continental turco, genera una zona de jurisdicción marítima cuatro mil veces más grande que su propia superficie. Este entendimiento hizo que Egipto perdiera una superficie de 40,000 kilómetros cuadrados.

Mediante este acuerdo con Libia, los dos países han manifestado claramente su intención de no permitir ningún hecho consumado.