La resolución adoptada hoy (8 de febrero) por el Parlamento Europeo sobre la "Situación actual de los derechos humanos en Turquía" es una resolución lejos de comprender las condiciones actuales en Turquía, ubicada en una región afrontando serios desafíos en términos de condiciones de seguridad, y que lucha resueltamente contra organizaciones terroristas como YPG/PYD, PKK, DEASH, FETO con el fin de asegurar que Turquía pueda mantener su presencia como un factor de estabilidad en esta geografía. Esta resolución no es nada menos que una mezcolanza de reclamaciones sin fundamento, recopiladas de diversas fuentes sólo para criticar.

La resolución es otro reflejo de la perspectiva retorcida que pasa por alto el hecho de que el intento de golpe terrorista de FETO/PYD del 15 de julio de 2016 en nuestro país apuntaba, sobre todo, a nuestro gobierno democrático y legítimo y nuestro sistema constitucional; que los golpistas terroristas violaron los derechos y libertades fundamentales de nuestros ciudadanos, ante todo su derecho a la vida, y que intentaron establecer un gobierno opresivo en el que no habría ni derechos, ni libertades.

La adopción de medidas efectivas como el estado de emergencia, que es necesaria para eliminar completamente las amenazas contra la existencia de nuestro gobierno y el derecho de nuestra nación a una vida democrática, es un deber y un derecho incontestable del Gobierno de la República de Turquía. De hecho, el estado de emergencia no es un método adoptado sólo por nuestro país, pero también ha sido utilizado por otros Estados miembros de la UE por razones de seguridad.

Las medidas tomadas como parte del estado de emergencia se llevan a cabo dentro de las leyes y de conformidad con nuestras obligaciones internacionales. Estas medidas se van revisando y nuestra cooperación basada en la transparencia continúa con las organizaciones internacionales con respecto a estos temas.

Ninguno de los individuos mencionados en la resolución como "periodistas arrestados, diputados, defensores de los derechos humanos" ha sido procesado por ejercer su profesión, las investigaciones han sido iniciadas por el poder judicial independiente debido a las acusaciones contra ellos.

La operación Rama de Olivo se está llevando a cabo plenamente de acuerdo con el derecho internacional y se basa en el derecho a la defensa propia consagrada en el Artículo 51 de la Carta de la ONU, así como en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde el principio, Turquía expresó claramente sus preocupaciones legítimas de seguridad, así como el objetivo, el objetivo final y los principios de la operación. Está dirigido a la filial del PKK en Siria, es decir, los elementos PYD/YPG y DAESH que están encajados en la región. PKK es designado como una organización terrorista también por la UE. Se toman todas las medidas necesarias para evitar daños a los civiles.

Las críticas sobre la lucha contra el terrorismo llevadas a cabo por Turquía en su región con gran devoción demuestran que algunos elementos dentro del PE son incapaces de comprender la vital importancia de esta lucha también para Europa.

No es sorprendente que dicha resolución haya sido adoptada por el Parlamento Europeo que permite que se cuelguen los paños de la organización terrorista en sus propios edificios. Esta resolución del PE es el más claro indicador de lo justo que es que nuestro país y el pueblo de Turquía ya no puedan tomar en cuenta a partir de ahora el PE, que ha perdido su credibilidad desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, esta resolución es nula y sin efecto para nosotros.